El Famatina no se toca.

en Marcha

Por: Pia Silva (desde Chilecito), Julian Bacca y Liliana Lapomarda. 

El pasado lunes 2 los habitantes de las ciudades de Famatina y Chilecito (La Rioja) comenzaron un nuevo corte sobre la ruta para detener el avance de un mega emprendimiento minero a cielo abierto entregado en concesión por el gobierno provincial a Osisko Mining Corporation.

La movilización social en consonancia con el conflicto que despierta la política megaminera comenzó en el año 2006 cuando el entonces gobernador Maza, en sintonía con lo desarrollado en las demás provincias cordilleranas, quiso dar rienda suelta a la empresa canadiense Barrick Gold para explotar el cerro Famatina por su riqueza en oro y otros minerales. Entonces surgieron asambleas vecinales en contra de la mega minería y por la autodeterminación de los pueblos que consiguieron, luego de realizar un corte permanente en Peña Negra y de mucho esfuerzo y compromiso, que la empresa canadiense abandone el proyecto, al tiempo que generaron una alta concientización popular en cuanto a la defensa del agua, a los problemas ambientales, de salud y de incompatibilidad con otras actividades económicas que trae aparejada la actividad minera.

Mientras tanto, y a pesar de que las asambleas se multiplicaron en toda la provincia, el poder político ha intentado por diferentes vías seguir con sus planes de explotación minera. El actual gobernador Beder Herrera, a través de  la empresa de capitales estatales Energía y Minerales Sociedad Del Estado (EMSE), firmo un convenio de exploración por cuatro años con la empresa Osisko Mining Corporation en el mes de agosto pasado. La transnacional opera en Canadá con el proyecto Malartic y cuenta con más de 60 proyectos en toda la provincia, incluidos los de uranio.

Beder Herrera se adjudica la representatividad del pueblo producto del apoyo recibido en las recientes elecciones a las que se presentó en una lista “colectora” acompañando a la formula presidencial de Cristina Fernández y a la lista a senador nacional que encabezaba Carlos Menem. Con el argumento de la representatividad lograda en elecciones y una permanente campaña contra los asambleístas (a los que despectivamente tilda de  “ambientalistas” y “opositores eternos”), desconoce las movilizaciones iniciadas en el 2006 que basan sus acciones de protesta en no permitir la instalación ni el paso de empresas mineras por sus territorios, demostrando que no hay licencia social para esa actividad económica. En las asambleas y en las acciones tomadas por los riojanos hay una participación activa de diferentes sectores: maestros, profesores, centrales sindicales, empleados públicos, jóvenes, agricultores y el cura párroco de Famatina, ya conocido por su accionar con las campanas del pueblo ante la necesidad de movilización.

Vecinos y listas negras

En las últimas semanas ha ido aumentando la tensión debido a reuniones de empresarios de Osisko con funcionarios del gobierno provincial. A fines del año pasado se realizó una reunión entre representantes de la Secretaría de Empleo, el municipio de Famatina y funcionarios de Osisko. Cuando los vecinos supieron de la noticia se convocaron en el lugar donde estaba reunidos para repudiar el intento de diálogo, argumentando que no hay instancia de dialogo posible después de un convenio firmado a espaldas del pueblo y de una resistencia a la política minera que ya lleva seis años. Los funcionarios huyeron olvidando en el lugar un Manual de procedimientos, en el cual la empresa informaba su organigrama, el discurso institucional a reproducir, un inventario de los pozos de agua, caudales de agua y una lista negra, donde figuraban los nombres, apellidos e información personal de muchas personas relacionadas a la resistencia a la megaminería, con calificativos como “cabecilla”, “protagonismo” o “muy agresiva”. En sus declaraciones públicas, el  titular de EMSE, Durán Sabas denominó a estas listas como “listas para ir a conversar”, relativizando la gravedad del hecho e incluso desconociendo este mecanismo tan utilizado por los servicios de inteligencia, que recuerda a las épocas de la represión militar.

El corte en Alto Carrizal

Así es como se llega a la situación de esta semana, en la cual las asambleas autoconvocadas de La Rioja decidieron, como última medida, iniciar un corte permanente y por tiempo indeterminado en la localidad de Alto Carrizal, donde se ubica el acceso a La Mejicana y termina el pavimento de la ruta provincial 11. Según información extra oficial, el proceso de exploración debería comenzar antes del 16 de enero, fecha pactada por convenio y que de no cumplirse obligaría a la minera y al Estado riojano a reformar el convenio pactado.

El día 3, Rubén Celarayan, un puntero del gobierno que se reconoce como agricultor, intentó pasar el corte para subir al cerro con el objetivo de comenzar a arreglar los caminos para que puedan subir los camiones. Estuvo acompañado por 25 jóvenes con insignias de “Acción Minera”. Los jóvenes, algunos menores de edad, portaban machetes, bastones y horquillas como “herramientas” de trabajo minero. En ese mismo momento hubo un fuerte operativo policial, que contó con el refuerzo de la policía de Chilecito y de la guardia de Infantería en momentos en que circulaban fuertes versiones que pronosticaban el desalojo del corte mediante una orden judicial. Finalmente la orden no fue librada y los jóvenes mineros decidieron retroceder. Ante esto el corte se vio fortalecido por vecinos de toda la provincia, llegando a convocar a más de 400 personas por la tarde. Más tarde se definiría en asamblea popular sostenerlo por tiempo indeterminado y reforzar los turnos nocturnos.

Se afianza la criminalización

El día miércoles, apoyándose en una supuesta orden de desalojo que aun no ha sido dictada, un rápido accionar de la justicia citó a 8 personas para prestar Declaración Indagatoria, acusándolos de violar el artículo 194 del Código Penal. Este hecho se enmarca en el contexto de un aumento de la criminalización de la protesta y de la acoso a los asambleístas del lugar, profundizando el nuevo modelo de represión estatal: persecución, criminalización y judicialización de la protesta social. Desde el Juzgado de Instrucción Nº1 se informó que hay más personas identificadas y que serían llamadas a declarar en estos días. En el corte, que va creciendo día a día y fortaleciéndose con el apoyo de organizaciones y vecinos de todo el país, se espera una orden de desalojo o la llegada de la patota minera. “Resistiremos pacíficamente” fue la respuesta firme de los vecinos.