El acuerdo YPF-Chevron: una nueva afrenta a la soberanía popular.

El acuerdo YPF-Chevron: una nueva afrenta a la soberanía popular.

Durante las últimas horas/días se conoció el acuerdo entre el Gobierno Nacional, a través de YPF, y la Corporación Norteamericana Chevrón, negociado que entregará como zona de sacrificio una vasta extensión de nuestra tierra.

Cuando decimos zona de sacrificio, es porque allí planean realizar la hidrofractura o “fracking” que tiene sobrados ejemplos de devastación  en el mundo, motivo por el cual en varios países de Europa han empezado a prohibir esta práctica.

Para poder cerrar este acuerdo, la Presidenta tomo decisión de firmar el decreto 929/2013, por el cual se crea un régimen de promoción para hidrocarburos que prevé beneficios para aquellas empresas que presenten proyectos de explotación con montos no menores a los 1.000 millones de dólares. Un decreto hecho específicamente para satisfacer a Chevrón, aunque esta siempre hubiera querido más. Esta  norma otorga la exención de pagar derechos de exportación a partir del quinto año de ejecutado el proyecto, establece la libre disponibilidad de todas las divisas provenientes de la exportación y no impone absolutamente ninguna legislación o reglamentación sobre la extracción a los fines de evitar los impactos ambientales negativos que se generaron en otros países del mundo con esta misma técnica de explotación. Estas exenciones deben hacerse por ley según la Constitución Nacional y no por Decreto, un dato nada menor en estos tiempos en que se discuten modificaciones a la Justicia para hacerlas más “democráticas”.

Más allá de la discusión acerca de la recuperación del 51% de las acciones de YPF y de las decisiones que toman las distintas empresas y grupos accionarios, cabe poner el centro de la atención en el modelo de producción y desarrollo. Quedarnos enclavados sólo en la disputa de si se debe estatizar por completo o de si los capitales deben ser completamente nacionales y no mixtos, hace que perdamos el rumbo para llegar a una verdadera alternativa  superadora de este modelo de saqueo.

No estamos ante un caso cualquiera de presión empresarial donde el gobierno debe ceder en el marco de un realismo político. Estamos ante un acto netamente propio del modelo que se viene desarrollando en esta última década, donde es más importante la renta que se pueda extraer de las diferentes actividades (agraria, petrolera, minera, inmobiliaria), que la promoción de trabajos genuinos y permanentes en el tiempo.

Este acuerdo encontró un gran obstáculo debido a un fallo judicial que pesaba sobre Chevrón, emitido por la justicia ecuatoriana, quien condenó a la multinacional a pagar 19.000 millones de dólares por gravísimos delitos ambientales cometidos en la Amazonía ecuatoriana durante los años 1964 y 1990, en los que contaminó miles de hectáreas y provocó enfermedades y muerte en comunidades y territorios ancestrales. Los acuerdos bilaterales con nuestra hermana nación refrendaban este fallo e impedían la transacción con Chevron. Sin embargo, en menos de un mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó el embargo que pesaba sobre la petrolera permitiendo el futuro acuerdo comercial, lo cual denunciamos oportunamente, como un gran obstáculo en la creación de lazos solidarios entre los pueblos de Nuestramerica. Denunciábamos, por otro lado, que esto era una amenaza, al evidenciar el poco control que se realizaría sobre  el pasivo ambiental y la destrucción que dejará a su paso Chevron.

El verdadero obstáculo que se está desarrollando para que este acuerdo, y futuros acuerdos sobre hidrocarburos no convencionales (fracking) entren en vigor es la lucha de nuestras comunidades. Ya son varios los municipios que han establecido ordenanzas contra la técnica de la fractura hidráulica: Cinco Saltos, en Río Negro; en Entre Ríos ya son  10 los municipios que prohibieron esta técnica; en Mendoza, cuatro departamentos; una medida cautelar en Chubut, presentada por representantes de pueblos originarios, logró frenar la exploración de un pozo de fracking.

Nuevamente creemos que sólo con soberanía popular, es decir, con pueblos decidiendo que actividades quieren para sus territorios y controlando como se realizan, vamos a poder construir  un país verdaderamente justo. Un país donde no haya zonas de sacrificio, sino pueblos solidarios utilizando los bienes naturales de manera racional, para satisfacer sus necesidades y garantizar a las futuras generaciones un ambiente sano.